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“Rafael Correa, quien se precia de proteger como asilado en su embajada en Londres al abanderado número uno de la libertad de información en internet, Julian Assange, contrata con dineros públicos a empresas extranjeras para realizar, también en Internet, campañas y trabajos ilegales de sabotaje y censura”.
“Entrego para su difusión en Internet el contenido completo del documental a BananaLeaks. Ni Rafael Correa, ni el dinero mal empleado de los fondos públicos de su empobrecido país, ni Ares Rights, podrán seguir violando la libertad de expresión y promoviendo la censura periodística”.
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Por SANTIAGO VILLA CHIAPPE
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que tantas veces pidió el 30 de septiembre del 2010 que le pegaran “un tiro en el pecho”, terminó pegándose uno en el pie el 21 de noviembre del 2012. A menudo digo un poco en broma y un poco en serio que el presidente Correa debería ser el jefe de promoción del documental Rafael Correa: Retrato de un padre de la patria, pues su reacción desmesurada contra él hizo más por difundir su contenido periodístico de lo que lo habría hecho cualquier agencia de publicidad.
Documental Rafael Correa: Retrato de un padre de la patria
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“Al principio no sabía qué pensar de su documental”, me dijo durante una entrevista Alberto Padilla, ex corresponsal económico de CNN en Español y actual director del programa Economía y Finanzas, de Radio 1310, de Miami. “Pero cuando vi la reacción de Rafael Correa me dije: Aquí hay algo interesante”.
El ruido que durante los últimos dos meses se ha dado alrededor del documental ha sido tragicómico. Por un lado, dejó al descubierto características de Rafael Correa que son risibles (su irritabilidad ante la crítica lo asemeja a un soberano liliputiense); pero también pone en evidencia la inclemente censura que vive la prensa libre en el Ecuador. Si el documental hubiese sido filmado, producido y emitido en Ecuador, su estrategia de presiones y amedrentamiento habría sido infalible. En Estados Unidos, Colombia y el resto del mundo, lo único que logró fue aplazar su difusión y generar una campaña de expectativa.
Campaña contra el capitán Peñaherrera
El tema del material periodístico es la forma como Rafael Correa ejerce la presidencia del Ecuador. Trata las denuncias sobre financiaciones por parte de las FARC a la campaña de Correa en el año 2006, la protesta policial del 30 de septiembre de 2010, la persecución judicial a líderes indígenas y sociales, los ataques a la prensa, los procesos judiciales infundados que acabaron con la carrera militar del capital de la Fuerza Aérea de Diego Peñaherra, el ex guardaespaldas de la esposa del presidente, y la denuncia de las dos ocasiones en las que estuvo al borde de morir porque se “dañaron” sus paracaídas durante prácticas de salto.
Hubo dificultades iniciales para difundirlo. Negocié con RCN Televisión un precio en dólares para su emisión. El monto ni siquiera cubría los gastos de producción, pero el canal se negó a pagar más y yo tenía la esperanza de que eventualmente otros canales quisieran adquirirlo en otros países. Quizás una reacción en cadena eventualmente generara ganancias.
Sin embargo, luego de haberme anunciado con día y hora cuándo sería emitido (concretamente el 6 de octubre del 2012), RCN canceló la emisión a último minuto. El canal argumentó que un personaje ciego no aceptaba “por escrito” mostrar su rostro al público, a pesar de que él dice, en cámara, que acepta por su propia y libre voluntad participar en el documental y que quiere hacer pública la entrevista. Hasta el momento no se han generado inconvenientes por presentar el rostro de este ex guerrillero, testigo protegido de la Fiscalía General de Colombia.
El gobierno del Ecuador ejerció presiones. El 15 de noviembre del 2012, Óscar Haza, el director y conductor del programa periodístico A mano limpia, que es el de mayor audiencia en Miami, hizo una mesa redonda en la que me invitó a participar con el periodista Emilio Palacio y el analista político Diego Guillén (ver programa, A Mano Limpia, de Óscar Haza, en AméricaTeVé), pues el documental sería emitido el 23 de noviembre en ese mismo canal: América TeVé.
El miércoles 21 en la noche recibí una llamada de personas dentro de la producción del canal, que me ofrecieron hacer un cambio en la manera como se emitiría. Habían hablado con el gobierno del Ecuador, y acordaron imponerme que, en lugar de pasar el documental completo el viernes 23, de una sola vez, sería fragmentado en episodios de 10 minutos cada uno (el documental dura 47 minutos). Lo emitirían entonces cada día de la semana del 26 al 30 de noviembre, y luego de cada fragmento se realizaría un debate entre representantes oficiales del gobierno ecuatoriano, designados personalmente por el presidente Correa, y yo sobre el contenido del documental.
Rechacé la oferta. Consideré que violentaba la libertad de expresión. Pocos presidentes del mundo tendrían la temeridad de intentar modificar la forma como un material periodístico sería emitido en Estados Unidos. Pensaba, ingenuamente, que ninguno tendría el poder para efectivamente lograrlo. Ante mi negativa el canal canceló la emisión del documental que ya había prometido al público presentárselo de manera “integra, sin quitarle ni ponerle nada”
Correa no quiso dar su versión
Cabe advertir que durante el rodaje y producción el presidente Correa nunca quiso aceptar una invitación mía, hecha por escrito, para que diera sus puntos de vista en el propio documental. El embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, también se negó sistemáticamente a conceder una entrevista para el documental. Las cartas de invitación aparecen al comienzo del documental que el público, ahora sí, puede apreciar sin censura y completo en el video que acompaña esta nota.
Sigo pensando que si el gobierno del Ecuador quería polemizar sobre el contenido del documental, no debiera hacerlo conmigo, sino con los protagonistas de esta historia. Sin embargo, a algunos de ellos les resultaría imposible asistir a una entrevista en Miami, porque la persecución judicial y policial de Rafael Correa les impide salir del Ecuador. La judicialización de los opositores es una de las armas sobre las que se basa el poder autocrático de Correa. Gracias a que el dinero del Banco Central, entre otras herramientas de persuasión, le ha dado las riendas de la justicia, ya nadie en Ecuador puede hablar abierta y libremente contra el presidente, ni contra la corrupción que él tolera y en la que participa de manera privilegiada.
Cuando el documental fue finalmente emitido el 8 de diciembre en GenTV Canal 8, durante el programa de María Elvira Salazar, que tiene difusión en todo Estados Unidos, el presidente, sus ministros y el asambleísta Francisco Velasco, se volcaron a condenar el material con argumentos tan estrafalarios como que yo era un espía de la CIA, un sicario paramilitar mercenario, y que me había pagado el ex presidente Álvaro Uribe (cuya gestión he criticado públicamente) para hacerlo.
Sin embargo, quienes más sufrieron el peso de la furia presidencial a causa del documental, fueron periodistas como el ecuatoriano Andrés Carrión, que perdió su programa en Radio Armónica, de Quito. Dos días después de entrevistarme le pidió la renuncia, el dueño de la emisora, Jorge Yunda, quien es candidato a la Asamblea del Ecuador por la lista de Alianza País, el partido de Rafael Correa.
Censura a mansalva por Internet
A la etapa de linchamiento desprestigio mediático contra mi y el documental le siguió la persecución temeraria e ilegal por internet. El gobierno del Ecuador contrató a una empresa española llamada Ares Rights, para que, rompiendo las leyes de derechos de autor, bloquearan el documental en portales como YouTube y Vimeo. Rafael Correa, quien se precia de proteger al abanderado número uno de la libertad de información en internet, Julian Assange, contrata con dineros públicos a empresas para realizar trabajos ilegales de censura y sabotaje.
Emilio Palacio, periodista ecuatoriano perseguido por Rafael Correa y asilado en Estados Unidos, ‘colgó’ en su canal de YouTube el documental. A las pocas horas Ares Rights, que cobra para desaparecer contenidos de portales, presionó a YouTube para que lo eliminara. Cuando Palacio le exigió explicaciones a la empresa española, ésta dio una respuesta que resultó de una arrogancia casi tan atrevida como su ignorancia. El responsable técnico de Ares Rights, el señor Jon Ruiz, dijo en una carta del 5 de diciembre: “Desconozco si el video en sí, era una producción de alguna productora o director, lo que si (sic) se (sic) con seguridad es que contenía una vulneración clara de un (sic) derechos de autor, acreditada y documentada, de lo contrario, no se habría eliminado”.
En pocas palabras, a pesar de que este técnico “sí que no sabe” quién es el dueño de los derechos sobre el documental, “sí que sabe” que hubo una vulneración acreditada y documentada, vaya él a saber con qué créditos y documentos, pues yo jamás les envié ninguno.
Cuando indagamos más, averiguamos que había sido Ecuador TV (uno de los diversos canales de televisión del gobierno de Correa, varios de ellos incautados) que reclamaba ilícitamente la propiedad sobre todo el documental porque yo había pasado unas imágenes sin una autorización que no tenía por qué pedir, porque son públicas y las utilicé como una cita periodística con los créditos correspondientes, como lo disponen la costumbre en el uso de citas y las leyes sobre derechos de autor en la mayor parte de los países del mundo, incluidos Ecuador, Estados Unidos y Colombia, donde han conseguido operar los mecanismos de censura y sabotaje del presidente ecuatoriano.
Abogados en acción
Abogados estadounidenses y colombianos especializados en derechos de autor se han ofrecido y yo los he aceptado para litigar contra quienes han censurado y pretendan seguir censurando el documental sobre el que el público que lo ha podido ver, incluso, me pide ahora con creciente insistencia la producción de una segunda parte.
Por eso hoy entrego el contenido completo del documental a BananaLeaks. Ni Rafael Correa, ni el dinero mal empleado de los fondos públicos de su empobrecido país, ni Ares Rights podrán seguir reclamando lo que no les pertenece ni violando la libertad de expresión y promoviendo la censura periodística.
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Columnas de Santiago Villa en El Espectador de Bogotá: “Rafael Correa aplica censura en Estados Unidos” y “Este mercenario, este sicario, este paramilitar de Santiago Villa”.
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